Month: August 2020

Por Hugo Ramírez Arcos.

Abel esconde una carretilla y un par de zapatos al otro lado de la frontera para que la Guardia Nacional Bolivariana no vea sus pies embarrados por el rio. Tiene un tapabocas sucio en el cuello e insiste en trabajar como ‘maletero’ en la trocha, acaba de ser padre de una niña en medio de la pandemia. Escribe un mensaje desesperado pidiendo ayuda: ‘hago lo que puedo por que los pañales y la leche de tarro no dan espera’. Tras las medidas decretadas para la contención del COVID-19, su trabajo continúa, pero no sólo se amplían los riesgos de su oficio, sino a su vez disminuyó el flujo de clientes que usan sus servicios.

Las ‘trochas’ son senderos que se abren camino en medio de los paisajes que ofrece la geografía colombo venezolana. Algunos las llaman ‘los caminos verdes’, aunque no siempre sea la naturaleza la que acompaña la ruta, pero esta condición ‘natural’ los diferencia de los escasos caminos formales, y asfaltados, corredores de la legalidad entre ambos países. El trabajo de Abel hace parte de un conjunto de oficios específicos que han servido de sustento a la migración pendular transfronteriza entre ambas naciones. Estos oficios, tan viejos como la frontera misma, han pasado de mano en mano entre los más necesitados. Si hasta hace relativamente poco eran los colombianos quienes más participaban de estas actividades, hoy son los venezolanos quienes ocupan los eslabones de mayor riesgo en este modelo de supervivencia.

Este punto que cuenta con la presencia de todos los actores ilegales organizados en Colombia ha sufrido las disputas por el control de estas espacialidades de quienes fungen como Estados, exigiendo tributación por el uso de las trochas y ofreciendo sus servicios de ‘seguridad’ (así como sus repercusiones para quienes no acatan sus directrices).

El 25 de marzo del 2020 inicia en Colombia el ‘confinamiento preventivo obligatorio’ decretado por el presidente Iván Duque, como medida para minimizar la velocidad de contagio del COVID-19. Entre el paquete de medidas contempladas, se cierra la frontera con Venezuela y se aumentan los controles en los demás puntos fronterizos. Acorde a la política regional, Venezuela como en casi todos los escenarios debía ser considerada como una amenaza, sin embargo, al igual que en 1991 cuando se esperaba que el Cólera entrara por la frontera y no por los puertos marítimo donde entró, esta vez el virus del COVID-19 entró de nuevo por la retaguardia, irónicamente el primer caso registrado en frontera fue de una ciudadana colombiana que regresaba de España.

Las medidas de confinamiento y cierre formal de la frontera fueron acompañadas de la presencia de militares que tenían el doble rol tanto de asegurar el cumplimiento de la medida, derivando en persecuciones y restricciones de derechos a quienes no tuvieran su documentación al día, pero al mismo tiempo prestando ayuda humanitaria y convirtiéndose en el brazo de la cooperación internacional en medio de las medidas de confinamiento que detuvieron por completo la cooperación humanitaria en la zona.   

Abel y su familia han sentido los efectos de la pandemia de diferentes formas. En el ‘arriendo’ donde viven, una bodega adaptada con divisiones en telas y camarotes en los que las personas pagan por el día de su hospedaje, los dueños son cada vez más inflexibles frente a los retrasos en el pago. Como formas de presión eliminan los servicios básicos esenciales como el agua y la electricidad para conseguir que las personas desesperadas desalojen las viviendas. Varios conocidos de Abel crearon cambuches en la mitad de un cultivo de arroz vecino; sin embargo, en la más reciente visita del Ministro de Salud a la zona, la fuerza pública como forma de ‘limpieza’ quemó las pertenencias de estas personas con el objetivo de desalojarlas.

La economía de supervivencia de Abel continúa. Pese a las medidas decretadas la movilidad informal en frontera no ha parado un solo día. Sin embargo, los riesgos son mayores. Los grupos al margen de la ley como una estrategia que busca no estimular mayor presencia del Estado, decidieron respaldar la medida del gobierno: en un escabroso video que circularon entre las redes de whatsapp de los ‘trocheros’, muestran con detalle el desmembramiento de cuerpos sin vida de quienes no acataron la medida.

Pese al terror, el hambre le gana al miedo. Cerrados los comedores humanitarios y los demás espacios de la cooperación las opciones de familias como la de Abel aún son más reducidas. En su desespero incluso Abel y su familia decidieron cruzar por el corredor humanitario dispuesto en el puente internacional para los venezolanos que quisieran retornar a su país. Su experiencia en los campamentos de cuarentena en los que debían instalarse quienes querían regresar no fue muy lejana a las condiciones de las que escapaba, por lo que de nuevo regresó a Colombia con su familia por el rio a donde al menos podía generar un ingreso.

Abel me envía mensajes constantemente por su WhatsApp. Pese a sus restricciones económicas, cada vez que puede coloca crédito a su celular, lo que le permite saber de su familia repartida, entre quienes emprendieron la ruta migratoria hacía el sur del continente, y quienes esperan en Venezuela la llegada de las remesas que envían quienes están fuera. Insiste en no parar de contarme su historia con la esperanza que yo pueda darle información sobre a donde ir, o al menos con quien hablar. La responsabilidad que esta relación representa no es menor.

En medio del boom de los estudios migratorios y el interés por la comprensión sobre las afectaciones de la pandemia, pareciera que gran parte de los investigadores (e incluso de los mismos funcionarios del Estado) ya hubieran estado confinados antes de la pandemia. Duele (y mucho) ver las brechas existentes entre las soluciones planteadas desde el escritorio, basadas en reportes oficiales y algunas cifras públicas producidas por la cooperación internacional, frente a la vulnerabilidad cada vez mayor de personas como Abel completamente invisibles a la mirada del Estado.

Escribo con la esperanza de tejer puentes que nos permitan darles voz a estas personas, de crear espacios de cooperación en los que las experiencias de los migrantes sean la guía de nuestras acciones. En un momento en el que debemos insistir en nuestra humanidad compartida, en medio de una crisis en la que ‘lo que no se nombra no existe’, insistimos en la voz de estos invisibles sobre los que recaen un conjunto de sufrimientos innecesarios que fácilmente podemos cambiar.

Hugo Ramírez Arcos es candidato a Doctor y profesor en Estudios Políticos e Internacionales, Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia. Trabaja dentro del Semillero de Migraciones y Fronteras.

Por Adriana Montenegro.

A finales de marzo del 2020 el saldo migratorio de ciudadanos venezolanos en Ecuador era de aproximadamente 363 mil.  No obstante, cabe indicar que a partir del Decreto No. 826, de julio de 2019, el Gobierno ecuatoriano dio paso a un proceso de registro y regularización migratoria de esta población, estableciendo además como requisitos para su ingreso al Ecuador la presentación de una visa de excepción por razones humanitarias. Para mediados de marzo del presente año, 229 mil ciudadanos venezolanos habrían completado el registro migratorio en línea, mientras que poco más de 25 mil de estos habían conseguido acceder a las visas humanitarias.

En un principio, el Decreto No. 826 tuvo un efecto rebote. Entre la emisión de esta medida y la fecha de inicio de la visa humanitaria se registraron aproximadamente 86 mil ingresos de personas venezolanas en los diferentes puntos migratorios en Ecuador, llegando incluso a existir ingresos diarios de 6 mil personas. No obstante a partir del 26 de Agosto de 2019, una vez que entró en vigencia la medida, comenzaron a observarse ingresos de apenas 30 personas diariamente.

Con todo, el efecto más grave fue que muchos ciudadanos venezolanos optaron por ingresar al Ecuador por pasos irregulares, dejándolos en una situación de mayor de indefensión, en el que podrían ser presas fáciles de trata y tráfico de personas. Un hecho que llamó la atención sobre la situación precaria de los migrantes venezolanos a raíz del Decreto No. 826 se dio con el accidente de tránsito de 25 ciudadanos venezolanos en la parroquia Julio Andrade de Tulcán, al norte del país, quienes presuntamente habrían cruzado de manera ilegal. Al parecer había indicios de que existía un delito tráfico de migrantes pero, de conformidad con el encargado del tema en el Ministerio de Gobierno, el caso se cerró porque los ciudadanos venezolanos no se acercaron a testificar.

Ahora bien, a la situación ya de por sí precaria en la que se encontraban los migrantes venezolanos, se ha sumado los efectos que la pandemia del COVID-19 ha tenido en la sociedad ecuatoriana. Entre los principales problemas que citan los hogares venezolanos a partir de la pandemia se encuentran, en ese orden, la falta de alimentos, el acceso a empleo y medios de vida, alojamiento y acceso a medicinas así como servicios de salud.

La mayor parte de los migrantes venezolanos en Ecuador vive del comercio informal o negocios y no han podido realizar sus trabajos debido a las restricciones de movilidad. A eso se suma un porcentaje menor que declara haber sido despedido de su trabajos a partir de la crisis sanitaria. Por otra parte, algunos venezolanos han tenido también problemas al verse forzados al desalojo de sus viviendas por la imposibilidad de pagar los arriendos.

Otro de los problemas que también ha aumentado a raíz de la crisis sanitaria y de las restricciones de movilidad ha sido la estigmatización y discriminación hacia los migrantes. En temas de salud, si bien se observa que buena parte de los migrantes venezolanos no buscaron atención médica, cuando la necesitaban, por miedo al contagio del COVID-19, también se dan algunos casos en los que pese a ir a los centros de salud no recibieron la atención requerida. De igual manera se menciona que al no ser ecuatorianos no han tenido acceso a las ayudas sociales que brinda el Gobierno central,  tales como las canastas de alimentos o bonos de emergencia. Es cierto sin embargo, que indican haber recibido colaboración de algunos gobiernos locales y las agencias de cooperación.

Esto, en última instancia, ha llevado a un movimiento de retorno de los migrantes venezolanos en Ecuador a su país de origen. Cientos de venezolanos han sido vistos cruzando la carretera Panamericana con rumbo a la frontera con Colombia. Muchos de ellos mencionan que retornan a su país pues no cuentan con medios de vida necesarios para subsistir, pero también hablan de la necesidad de volver a sus hogares frente al miedo de enfermarse en un país que no es el suyo.

Lamentablemente, desde comienzos de junio el Gobierno de Maduro ha restringido el ingreso de sus ciudadanos por vía terrestre y, además, los dos vuelos humanitarios que se han fletado desde Ecuador a Venezuela no dan abasto para los 17 mil migrantes venezolanos que se se han registrado en su consulado en el Ecuador para optar por una repatriación aérea, algunos de los cuales se encuentran conglomerados en las puertas del consulado. Definitivamente, la crisis económica, política y social a partir del COVID-19 ha venido a empeorar la situación de los migrantes venezolanos en Ecuador que era ya bastante precaria antes de la emergencia sanitaria.

Adriana Montenegro es Doctora en Estudios Internacionales de FLACSO-Ecuador. Ha trabajado en calidad de asesora legal y consultora particular de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) del 2011 al 2015.

By Rachel Randall.

On 19 March it was confirmed that Rio de Janeiro’s first coronavirus-related death was that of Cleonice Gonçalves, a 63-year-old domestic worker who suffered from co-morbidities. When Gonçalves fell ill on 16 March, she was working at her boss’ apartment in the affluent neighbourhood of Leblon, in the city of Rio. Her boss had just returned from a trip to Italy where COVID-19 had been rapidly spreading. She had not advised her employee that she was feeling sick. Gonçalves’ family called a taxi to bring her from the state capital to her home-town 100km away. It took her two hours to arrive. She entered hospital the same evening and died the next day. Her story exemplifies the fact that it was Brazil’s ‘jet set elite’ who first brought COVID-19 into the country, as Maite Conde points out, but it is the poorest who are now at greatest risk of dying from the disease as it ravages urban peripheries. Unlike her employee, Gonçalves’ boss, who tested positive for COVID-19, later recovered.   

Gonçalves’ case is not an isolated one, as Luciana Brito explains. Domestic workers are among those most vulnerable to the pandemic. While many employers have remained at home, 39% of monthly-paid domestic workers (mensalistas) and 23% of hourly-paid cleaners (diaristas) continued their labours in spite of the lockdown, frequently out of economic necessity – often residing with their bosses or travelling substantial distances by public transport to reach them. Of the country’s six million domestic employees, over 90% are women and the majority are black (Cornwall et al. 2013). As Angelo Martins Junior has argued, it is the descendants of enslaved Brazilians who occupy the jobs that put them at greatest risk and who are being encouraged to return to their precarious, low-paid work in order to continue feeding themselves and their families.

In Brazil, domestic workers have featured at the centre of debates about the country’s high levels of socio-economic inequality, its legacy of slavery and the relationship between the private and public spheres for some time, including in its cultural production (as I have discussed in an article about contemporary Brazilian documentary). In the wake of COVID-19, these workers have become a powerful symbol in the media for the ways in which the virus is exacerbating existing inequalities in the country in terms of mobility, income security and housing.

The artist Cristiano Suarez has published a pair of illustrations that explore these dynamics on his Facebook page (see one of them below). They serve as parodies of Instagram posts made by young, white influencers in upmarket apartments who remind their followers to prioritise their well-being and relinquish negative energies during quarantine, while their domestic employees can be glimpsed in the background maintaining the influencers’ glamorous lifestyles. Sadly, some social media content shared by real employers to ‘celebrate’ their domestic workers’ return to work has been actively degrading, including a video posted by vlogger Luan Tavares who recorded his employee cleaning his bathroom as he joked about reducing her wages due to the crisis; the video was spotlighted on an episode of Greg News (the Brazilian version of Last Week Tonight with John Oliver) dedicated to domestic workers.  

The debate about how employers should treat domestic workers during the pandemic has been heated. 39% of bosses have dismissed their employees, leaving them without a salary, a situation that worst affects hourly-paid cleaners who do not have a formal contract and are not eligible to benefit from the government’s emergency financial package. Meanwhile, in several states domestic employees were classified as essential workers, thereby obliging them to continue working in spite of the risks. This decision draws attention to the ways that paid domestic work has historically been treated as ‘exceptional’. The Constitutional Amendment on Domestic Work (‘A PEC das domésticas’) implemented in 2015 by the Workers’ Party government represented an important attempt to redress this by aligning domestic employees’ rights with those of other workers. It has been called ‘the second abolition of slavery’.

Ultimately, pressure from domestic workers organisations led the Brazilian Ministry of Labour to state in April that domestic employees should not be made to come to work and should be guaranteed pay while their employers are self-isolating. Despite this, Sérgio Hacker – the mayor of Tamandaré municipality in Pernambuco – and his wife Sari Corte Real, continued to treat the services of their domestic employees’ as ‘indispensable’. The couple, who are white, were both infected with COVID-19, as was their Afro-Brazilian employee Mirtes Renata Santana de Souza, who went to work at their apartment in the state capital Recife on 2 June, taking her five-year-old son Miguel with her as no creches were open.

While Real was having a manicure, Souza took her bosses’ dog out to the street, leaving Miguel with Real. Miguel, who wanted his mother, entered a lift in the apartment block. CCTV shows Real speaking to Miguel in the lift and pressing a button for another floor. Miguel got out on the ninth floor and fell to his death. Real is under investigation for manslaughter. The event – which coincided with the Black Lives Matter protests sparked by the murder of George Floyd – horrified many Brazilians who took to the streets demanding justice for Miguel.

Brito has explained how Real’s disregard for Miguel’s life epitomises the white supremacy still so prevalent in Brazilian society. As the country’s economy begins to re-open, despite having the second highest death toll in the world, there seems little hope that the lives of domestic workers and their families will be better safeguarded. After all, President Jair Bolsonaro was the only elected deputy to vote against the Constitutional Amendment on Domestic Work when he sat in the National Congress in 2012.

Rachel Randall is Lecturer in Hispanic Media and Digital Communications (School of Modern Languages, University of Bristol). Her current research explores cultural representations of paid domestic workers in Latin American film, documentary, digital culture and literary testimonies (testimonios).

Related MMB blogs: ‘To stay home or go out to work? Brazil’s unequal modes of COVID-19 survival‘ by Aline Pires, Felipe Rangel and Jacob Lima, and, ‘A violent disregard for life: COVID-19 in Brazil‘ by Angelo Martins Junior.